c o n t r a f u e g o s

Hace algo más de veinte días, el 22 de abril pasado, el Congreso Nacional de Paraguay aprobaba, a solicitud del poder ejecutivo encabezado por Fernando Lugo, la declaración del estado de excepción para 4 departamentos. El argumento para el pedido y la aprobación del estado de sitio, fue la aparición del Ejército del Pueblo Paraguayo, un grupo guerrillero que realizó varias acciones armadas en el norte del país. A imagen y semejanza del plan antiterrorista implementado por Uribe en Colombia, las fuerzas armadas paraguayas son capacitadas por oficiales colombianos formados en la Escuela de las Américas tras un tratado de cooperación antiguerrillero.

El Ejército del Pueblo Paraguayo hizo su aparición en los departamentos de Concepción y San Pedro, al norte del país, mediante diferentes acciones de propaganda armada. Estos actos se remontan al año 2006, cuando un policía fue baleado en el copamiento de una comisaría de un pueblo rural. En 2008, reivindicaron como propia la operación de quema de maquinaria agrícola perteneciente a un empresario brasilero; mediante esta acción al EPP comenzó a tener repercusión mediática ya que tras el ataque aparecieron pintadas que prometían que “quienes maten al pueblo paraguayo con agrotóxicos, pagarán de esta manera”.

Las acciones siguientes del EPP fueron más contundentes y apuntaron al corazón de las grandes familias latifundistas paraguayas. Ese mismo año, en el departamento de San Pedro, cerca de la localidad de Tacuatí, el empresario del campo Luís Lindstrom, fue secuestrado y liberado tras el pago de 130.000 dólares. El 15 de octubre del año pasado, en las cercanías de Hugua Ñandú, en el departamento de Concepción, un comando del EPP conformado por 12 personas, secuestró a Fidel Zavala, uno de los empresarios ganaderos más poderosos del país y dueño del establecimiento de cría “Rancho Z”.

Zabala solo fue liberado 94 días después, cuando su familia debió repartir varias toneladas de carne vacuna a comunidades campesinas y en barrios pobres de la periferia de Asunción a modo de “cortesía del EPP”, y pagar un rescate de 550.000 dólares a esa organización. La última acción armada reconocida fue el 21 de abril, en Arroyito, partido de Concepción, cuando una emboscada terminó con 4 muertos; 3 guardias privados de estancia y un policía.

A partir de esa fecha, las voces más conservadoras y reaccionaras del país guaraní, comenzaron a pedir mano dura, a la vez que lanzaban versiones, nunca confirmadas, sobre la vinculación del EPP con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-, sosteniendo incluso que los militantes paraguayos eran entrenados en ese país andino. Lo paradójico es que hoy la realidad se muestra más bien al revés; no son los sectores de izquierda, armados o no, quienes reciben la ayuda de Colombia, y no son las FARC justamente quienes están adiestrando militarmente a combatientes paraguayos.

Al día siguiente de la liberación de Zavala, el presidente Fernando Lugo envió al Congreso un pedido de implementación del estado de excepción para 5 departamentos del país. Si bien muchos sostienen que lo hizo ante la inminencia de una presentación similar por parte del bloque de derecha, su presentación fue tomada como marco para un proyecto más duro aún, que decretó el estado de sitio en los departamentos de San Pedro, Concepción, Amambay, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

El proyecto fue aprobado por la Cámara Baja por 31 votos de un total de 45 diputados, luego fue ratificado por la Cámara de Senadores que excluyó a Presidente Hayes de la excepción. Este medida, que solo había sido implementada en el año 2000, cuando el ex dictador Lino Oviedo realizó una intentona golpista contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi, establece que su implementación solo es posible en caso de conflicto armado internacional o de una grave conmoción interna que haga peligrar la gobernabilidad.

Lo cierto es que, más allá del accionar del EPP, la movilización de policías y cuerpos especiales de las Fuerzas Armadas estuvo presente durante los últimos años, incluso durante el gobierno Lugo. Los departamentos donde se realizaron estas operaciones, hoy bajo estado de excepción, son San Pedro y Concepción, cabecera de desalojos y procesamiento de campesinos, y distritos donde en los últimos dos años fueron asesinados al menos 7 dirigentes campesinos.

Lo mismo sucede con ratificación de los acuerdo de cooperación en materia de seguridad interior. Si bien hoy se habla de la presencia de militares colombianos en el Paraguay, esta colaboración tiene ya su tiempo transcurrido.

En septiembre de 2008, a poco de asumir la presidencia de la Nación, Fernando Lugo, viajó a Colombia a entrevistarse con Álvaro Uribe, para confirmar los acuerdos sostenidos por las anteriores administraciones paraguayas y avanzar en el asesoramiento por parte de militares colombianos en “la lucha contra los secuestros”.

En agosto de 2009, meses en los que la mayoría de los países latinoamericanos se opusieron fervientemente a la instalación de bases militares en Colombia, durante una gira regional, el presidente colombiano visitó Asunción, buscando legitimar su posición de cara a la incipiente reunión de UNASUR. En esa oportunidad, Colombia encontró en boca del canciller paraguayo, lo que luego sería la posición de Fernando Lugo en la reunión regional; la máxima autoridad diplomática sostuve que “nosotros respetamos las decisiones que son autónomas y soberanas de cada país, pero sí hemos expresado la necesidad de que ese tipo de iniciativas tengan la garantía de que eventualmente no pongan el riesgo de la seguridad de países vecinos".

En enero de este año, en medio de la crisis por el secuestro a manos del EPP del ganadero Fidel Zavala, el Canciller colombiano, Jaime Bermúdez, visitó Asunción y se entrevistó con el presidente Fernando Lugo, quien no dudó en afirmar que “con Colombia tenemos una de las mejores relaciones en América Latina”, a la vez que sostuvo que Uribe “aseguró que estamos en buen momento para extirpar el mal del secuestro y el terrorismo”.

La reunión entre Lugo y el canciller colombiano, fue el broche final de un acuerdo sobre seguridad que incluye el asesoramiento del gobierno de Bogotá a la Policía Nacional de Paraguay, y la compra de fusiles y municiones de origen colombiano por un monto mayor a los 500.000 dólares.

Otra de las líneas de acuerdo entre ambos países es la continuidad del trabajo en conjunto a través del especialista colombiano en seguridad interior, el Coronel Jorge Jerez Cuellar. Este militar colombiano, egresado en el año 1983 de la Escuelas de las Américas, reside en Paraguay desde el año 2001, y es el ideólogo del Primer Curso Internacional de Antisecuestro y Antiextorsión, que en enero militares y policías colombianos dictaron a 27 oficiales y suboficiales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Policía paraguaya.

Durante esos días se realizaron ejercicios de combates rurales y simulación de liberación de secuestrados. La entrega de certificados fue encabezada el 4 de febrero pasado por el propio Lugo y contó con la presencia de Jerez Cuellar.

Hoy por hoy hay involucrados más de 3300 soldados de las tres fuerzas militares, aunque priman las encuadradas en el Ejército, en el combate contra el EPP. Estas fuerzas se desplegaron en los distritos norteños del país a la par de la de las policías nacionales y departamentales, con la intención de bloquear la movilidad de los integrantes del Ejército del Pueblo Paraguayo.

Si bien hay voces que sostienen que la declaración por parte del presidente Lugo, del estado de excepción, fue un intento de primerear a la oposición de derecha en una medida que sería aprobada de todas maneras, no hay que perder de vista las continuidades en materia de seguridad interior que se han sucedido en el Paraguay.

Esto configura una realidad que hoy cruza de cabo a rabo al grueso de los gobiernos que se enmarcan en el bloque de proyectos progresistas y de izquierda; aquella en la que, más allá de la voluntad de cambio que posean o no quienes encabezan los diferentes proyectos, la posibilidad de cambios estructurales sigue atada de manera incondicional a la incorporación de los sectores populares organizados, mediante el cumplimiento de sus reinvindicaciones o proyecciones, para garantizar la implementación y sostenimiento de las modificaciones. El resto es humo, y al humo, como a las palabras, se las lleva el viento.